La propuesta del Consejo de Ministros de eliminar las posibilidades de jubilación anticipada para el profesorado constituye una nueva y muy grave agresión a la educación. Los profesores nos hemos convertido en primeros pagadores de la situación económica, ante la actitud PASIVA de los tres sindicatos que forman parte de la Mesa de Función Pública (CSIF, UGT y CCOO). La propuesta del Consejo de Ministros no sólo elimina la jubilación voluntaria anticipada, que era posible para todos los profesores, sino que prorroga oficialmente la edad de jubilación. Esta prórroga perjudica sobremanera a los profesores más jóvenes, que tendrán que esperar a la edad de 67 años para alcanzar la edad reglamentaria de jubilación, salvo que acrediten 38 años y 6 meses a los 65 años para poder jubilarse a esta edad sin ningún tipo de coeficiente reductor. ANPE ya manifestó que se debía mantener para la función docente la edad de los 65 años, pues NO es una buena noticia que un profesor que ingrese hoy en la docencia tenga que permanecer durante más de 38 años desempeñando una tarea que requiere unas características determinadas de plenitud física y psíquica. Además, en la actualidad, los profesores ya tenían establecida una prolongación voluntaria de la edad de jubilación hasta los 70 años, que podría mantenerse. La edad mínima de jubilación anticipada, que ahora está en 60 años, se establece en los 63 años, siempre que se acrediten 33 años de servicios efectivos al Estado. Este retraso de la edad mínima de jubilación anticipada a los 63 años, como la penalización del coeficiente reductor de la pensión para los profesores (que puede suponer un 7,5% por año hasta alcanzar los 65 o los 67 años) supone un retroceso flagrante de más de 25 años respecto a las condiciones de jubilación anticipada vigentes desde 1987 (jubilación voluntaria Clases Pasivas) o desde 1990 (jubilación voluntaria LOGSE, después LOE), pues la posibilidad de jubilación anticipada en la enseñanza constituye una garantía de renovación y de rejuvenecimiento de las plantillas de profesores, siendo esta renovación (ahora en peligro por la prolongación de la vida laboral que instituye la reforma y por la nula o escasa oferta de empleo público impuesta por el Gobierno y por las CCAA) imprescindible para garantizar la calidad de la enseñanza. Por ello ANPE ha demandado el mantenimiento de la jubilación voluntaria anticipada incentivada a los 60 años, mediante las dos opciones contempladas actualmente (Clases Pasivas y LOE). El Gobierno renuncia a reconocer las particularidades de la profesión docente, cierra cualquier posibilidad de regular el diseño y la carrera profesional docente por medio de un Estatuto -que fue uno de las promesas estrella de esta legislatura para el profesorado- y diluye a los docentes en el marco general de la función pública sin reconocer ni valorar la importante función social que realizan. Este final de la legislatura no puede ser más decepcionante: sin pacto por la Educación, con rebajas de sueldo y de plantillas, sin suficiente oferta de empleo público docente y ahora sin unas condiciones objetivas de jubilación que contemplen las particularidades de la profesión docente. ANPE impulsará a partir de ahora todas las medidas de presión necesarias para dar voz a la indignación del profesorado español por este trato injusto por parte del Gobierno. Esperamos que en el trámite parlamentario puedan rectificarse estas injustas propuestas. ANPE, 26 de marzo de 2011.