El reconocimiento de la figura del docente como autoridad pública que va a llevar a cabo la Comunidad de Madrid corrobora una reivindicación permanente de ANPE: La autoridad del profesor es un componente básico de la relación educativa que proviene de la responsabilidad que el docente tiene sobre sus alumnos. Agredir o amenazar a un docente en el ejercicio de su función es un síntoma grave de deterioro y una sociedad democrática, precisamente porque lo es, no puede tolerarlo. La consideración de autoridad pública para los docentes sirve para enviar un mensaje a la sociedad: la tarea que los profesores llevan a cabo es imprescindible para la sociedad y relevante porque incide sobre el futuro. A partir de ahora, en la Comunidad de Madrid quien lleve a cabo una agresión a un docente mientras ejerce su función, cometerá un delito. ANPE cree necesario dar todavía un paso más. El reconocimiento de la autoridad docente no se sustenta únicamente en las consideraciones legales. La autoridad proviene, en primer lugar, de la propia dignidad del trabajo docente y de la responsabilidad que cada profesor tiene sobre sus alumnos. Es la misma responsabilidad que fundamenta la autoridad de los padres. Pero la autoridad dimana además de la profesionalidad de los docentes. La sociedad debe reconocer la autoridad magistral del profesor y el respeto que se debe a sus decisiones académicas y a sus competencias técnico- profesionales. Estamos firmemente convencidos de que todas las iniciativas que refuerzan la autoridad de los docentes – que no tiene nada que ver con la arbitrariedad ni el autoritarismo, sino más bien con su contrario- redundan en beneficio de los propios alumnos y de las familias. Llevamos mucho tiempo transmitiendo a los poderes públicos y a la sociedad la importancia que para el sistema educativo tiene la figura del profesor. Por eso valoramos esta iniciativa del gobierno de la Comunidad de Madrid, esperamos que este precedente – incluido en los Decretos de Convivencia de algunas comunidades autónomas- se extienda por todo el Estado y que el propio Ministerio de Educación incluya esta consideración en el Estatuto Docente.