El informe, una vez más, muestra las grandes diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Madrid, con 519 puntos, se sitúa a la altura del Reino Unido. Castilla y León (517) está como Suecia. Pero en lo más abajo de la lista se encuentran Canarias y el País Vasco (484), Andalucía (483) y Extremadura (474), que se coloca al nivel de Bogotá (Colombia) y Rusia.

Entre la mejor y la peor autonomía distan 45 puntos, que, en la terminología del Informe PISA, viene a ser el equivalente a más de un curso escolar de distancia. La OCDE ve estas diferencias «significativas».

Si nos centramos en la comparativa de países, España obtiene 496 puntos estando en la media que se encuentra en torno a 500 puntos.

El informe muestra de nuevo, con reiteración, los puntos débiles de nuestro sistema educativo: la necesidad de coherencia y vertebración del sistema, la rigidez de la estructura, un modelo pedagógico que favorece el abandono de los alumnos y una formación profesional que merece ser puesta en valor.  Con toda la serie de recortes que se han aplicado y están deteriorando al sistema educativo, debemos ser capaces de lograr un acuerdo entre todos los agentes políticos y sociales que impulse verdaderamente la educación en nuestro país.

ANPE se reafirma en que es imprescindible:

- Un Pacto de Estado político, social y territorial que vertebre el sistema educativo de manera que se eviten las enormes desigualdades entre comunidades autónomas.

- Elaborar una Ley de financiación de la enseñanza. El aumento del gasto público destinado a la educación hasta al menos un 6%. Los recortes presupuestarios en los últimos años han reducido el gasto educativo hasta un 4,1% actual, lo que nos aleja cada vez más de los países de la UE.

- La atención al profesorado debe ser prioritaria. Es imprescindible legislar un estatuto docente, que contemple sus derechos y deberes, su valoración y dignificación ante la sociedad, y una verdadera carrera profesional que haga la docencia más atractiva y motivadora. 

- Apostar decididamente por la calidad de la enseñanza pública, que precisa de los mayores medios y recursos porque garantiza el principio de igualdad de oportunidades y de cohesión social.

Desde ANPE venimos exigiendo que la Educación sea una verdadera prioridad que permita abordar con profundidad los cambios y reformas que necesita nuestros sistemas educativos precedidos de un Pacto de Estado política, social y territorial que de estabilidad y cohesión al sistema educativo. Ese pacto debe consensuar las cuestiones básicas de su modelo y estructura, financiación, organización, evaluación… para lograr, en definitiva, un sistema educativo reconocible, vertebrado y cohesionado que impulse una educación de calidad para todos y asegure el principio de igualdad de oportunidades en cualquier parte del territorio nacional.